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La diputada Camila Musante enfrenta amenazas tras querellarse por tráfico de influencias en el Poder Judicial, destacando la necesidad de reformas para restaurar la confianza en las instituciones.

En el marco del Caso Audios, la abogada y diputada independiente por el 14° distrito, realizó una querella por tráfico de influencias en el Poder Judicial. La razón por la que comenzó este proceso es para que sean llevadas a cabo las investigaciones correspondientes tras los audios entre Hermosilla, ministros de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones que dan a conocer casos de corrupción entre funcionarios públicos de alto rango.

¿Cómo ha sido su experiencia personal y profesional al liderar una iniciativa judicial tan delicada y de alto perfil?

Agradezco la pregunta porque es de alta exposición. Yo soy de profesión abogada, por lo tanto también entiendo que se puede generar una animadversión con todo el gremio hacia mi persona (...) son gremios que no están acostumbrados a ser cuestionados y que por lo tanto en algún momento podría, eventualmente, tratar como de cobrarse una cuenta o algo por el estilo. Yo no tengo mucho que temer, por eso presenté la querella sin pensarlo dos veces.

(La iniciativa) tiene mucha más fuerza si la hace un parlamentario, que tenemos la fuerza también de la elección popular. Yo estoy confiada, porque sé que hay muchos jueces que son probos que cumplen la ley, también esto es por ellos, porque se ven manchados nombres, se ven involucrados en todos estos casos de los sacrificados por Hermosila. A nosotros los diputados nos pasa mucho, que muchas veces se paga por pecadores y creo que también es en miras a ponerle nombre y apellido a los responsables, es que era necesario una acción ante la justicia.

¿Ha pensado en las consecuencias que implica querellarse contra figuras de tanta relevancia en el Poder Judicial?

Entendiendo que es arriesgado, que es peligroso, que podía recibir amenazas, que incluso podrían haber acciones para desacreditarme, quizás no acciones judiciales, sino operaciones políticas. Pero bajo ese riesgo, igual decidí presentar la querella porque primero creo que el sentido común en los chilenos es mucho más fuerte de lo que nosotros pensamos y que aunque sufra de las consecuencias de haberme atrevido a cuestionar el Poder Judicial, creo que los chilenos entienden también que no cualquiera se atreve a hacer algo así. Había que alzar la voz, (...) pero no solamente alzar la voz, porque en el Congreso vemos muchas declaraciones, sino que había que tomar acciones concretas.

¿Ha recibido algún tipo de amenazas por tomar esta medida?

Yo sí he recibido (amenazas). He recibido paquetes de manera anónima, con un teléfono móvil antiguo para conectar a mi domicilio personal, tuve que cambiarme finalmente (de domicilio) por motivos de seguridad y esto es una cuestión que estoy denunciando ante las autoridades que corresponden. Pero sé leer bastante bien los mensajes y también me lo esperaba cuando realicé la querella, yo sabía que iban a haber reacciones y sabía que iba a recibir algún mensaje de amedrentamiento para que yo me asustara o quizás diera pie atrás. Voy a realizar las denuncias correspondientes porque yo soy muy cuidadosa con las cuestiones que solicito a delivery, siempre vienen con remitente, así que sé saber cuando se tratan de este tipo de acciones.

FORMALIZACIÓN DE HERMOSILLA: Bien por la fiscalía Oriente que anunció formalización del abogado Hermosilla por cohecho y lavado de activos. Pero no nos olvidemos de la querella por tráfico de influencias en el poder judicial. Adivinen: Ningún tribunal quiere hacerse cargo. pic.twitter.com/bNtDEcQJob

— Camila Musante - Diputada Distrito 14🌿🇨🇱 (@camila_musante) August 13, 2024

¿Cómo cree que esta querella afectará su trayectoria política, especialmente al no estar respaldada por un partido?

Yo entiendo los peligros, cómo funciona el Poder Judicial, pero yo creo firmemente en el rol que tenemos las autoridades, sobre todo las que hemos sido electas por voto, de defender lo justo y eso no significa necesariamente defender de manera corporativa. Defender lo justo significa alzar la voz, atreverse a hacer algo valiente a pesar de las amenazas, a pesar de los amedrentamientos, a pesar de que quizá el día de mañana alguien quiera impedir mi reelección. Tengo absoluta tranquilidad porque hay muchos ojos ciudadanos que están observando cómo se desarrolla esto y estoy confiada de que ellos me van a respaldar ante todas las acciones que sigan, porque este es un camino largo.

¿Cómo espera o cree que la iniciativa funcione? Porque son funcionarios que de cierta manera tendrían que investigarse a sí mismos.

La querella la interpuse contra todos los que resulten responsables del delito de tráfico de influencias. No contra ciertas personas, porque una cosa es lo que sabemos por la prensa y los chats de Hermosilla, pero acá todavía hay mucho para contar, (el caso) está en la punta del iceberg. Nos podemos enterar de muchos otros casos y en eso creo que el Ministerio Público y el Fiscal Nacional tienen que tener ese impulso, con la misma convicción con la que (Ángel Valencia) decidió hace una semana atrás investigar los delitos tributarios que están asociados al abogado Hermosilla y demás.

Todos los implicados creo que tienen que hacerse cargo respecto del Poder Judicial, porque eso va a poder permitir identificar con nombre y apellido a quienes han sido objeto de corrupción, a quienes han mal utilizado sus cargos y a quienes finalmente hay que remover, si es lo que corresponde, y así que los funcionarios y funcionarias del Poder Judicial, como también los magistrados, que son cumplidores de la ley, trabajen tranquilamente sin ver cómo se desprestigia la institución por actos que ellos no cometieron.

¿Entonces cree que la investigación del caso podría presentar complicaciones en su desarrollo?

Por eso es que yo estoy pidiendo que el Ministerio Público, la Fiscalía, avance con una investigación formalizada. ¿Por qué? Porque también la fiscalía es un órgano autónomo. Serán jueces los que van a tener que determinar la responsabilidad o no en el delito de tráfico de influencias, la gran mayoría son cumplidores de la ley y yo confío en ellos. La investigación formalizada, en la medida en que se identifiquen nombres y apellidos, nos sirve para poder avanzar.

Siempre va a ocurrir corrupción en todas las instituciones, pero si nosotros estrechamos el equilibrio en la intervención de los tres poderes del Estado para nombrar a los jueces y ministros, vamos a acortar ese margen. No vamos a acabar por supuesto nunca con este tipo de situaciones (...), pero las reglas van a permitir acortar este tránsito y en eso sí tenemos una responsabilidad legislativa y lamentablemente no ha existido urgencia de parte del Poder Ejecutivo.

Usted pidió el apoyo del Fiscal Nacional, Ángel Valencia, para interponer la querella ¿Ha recibido algún tipo de respuesta de su parte?

 Sí, el Fiscal Nacional ha sido más responsivo en esto, él está de acuerdo con que hay que avanzar con la querella, está también al tanto de lo que está ocurriendo en la Corte de Apelaciones, ha estado en seguimiento. Yo he tenido contacto con él y tengo confianza de que así como con los delitos tributarios por el Caso Hermosilla, va también la fiscalía a impulsar pronto una investigación formal respecto de ministros de la Corte de Apelaciones Suprema. Veo un compromiso del Fiscal Nacional y creo que lo va a cumplir.

Usted estuvo encargada de presidir la comisión investigadora del mega fraude tributario ¿Qué similitudes ve entre ese caso y la situación actual de presunto tráfico de influencias?

Nosotros como Comisión tuvimos una tarea, yo quedé conforme con el desarrollo. Partimos por el mega fraude, detectamos que es muy importante que la facultad de querellarse por delitos tributarios no fuera exclusiva del Servicio (de Impuestos) Internos, sino que fuera compartida con el Ministerio Público. Luego detectamos que es necesario que el Servicio active protocolos para bloqueo, por ejemplo, de emisión de facturas cuando hay comportamientos de contribuyentes sospechosos.    

Por ejemplo, aparece un contribuyente con 30.000 facturas y recién inició actividad hace dos semanas en el Servicio de Impuestos Internos, se bloquea preventivamente para evitar estos fraudes, porque en el caso de Factop solamente se alcanzó a recuperar el 10% de lo defraudado. Eso quedó sin responsabilidad ninguna y el efecto negativo que se produce es que la recaudación fiscal falla. Cuando falla la recaudación fiscal, falla la demanda o necesidades públicas. O sea, los 240 mil millones significan 25 CESFAM, eran 9.000 patrullas de carabineros, dos cárceles de alta seguridad. Ahora, hace un par de semanas atrás se daba la instrucción de la cárcel, que no se sabe de dónde se va a sacar dinero. Si es que el exdirector Fernando Barraza, con nombre y apellido, hubiese actuado a tiempo, se podría haber evitado que este megafraude. Se podría haber recaudado esos miles de millones de pesos para el Estado de Chile y no estaríamos hoy día preguntándonos, ¿de dónde sacamos la plata?

¿Considera que el hecho de que el SII también esté implicado en este nuevo caso refleja un patrón de corrupción sistemática en esta institución?

Por supuesto, si refleja un patrón y en la Comisión de Investigación se abrió una causa penal para investigar la responsabilidad del ex director Barraza, a propósito del caso GIFF, pero más allá de aquello, en las recomendaciones nosotros lo decimos textualmente: Acá hay un modus operandi que da paso a la corrupción y que da paso al robo de los dineros que son de todos los chilenos.

Entonces, nos damos cuenta que la oportunidad en la que actúan nuestras instituciones no es la correcta. Actúa muy lento el Servicio de Impuestos Internos, se demoró seis años en poner la querella en el caso de megafraude que incorpora Factop, como principalmente a los hermanos Sauer, pero también hay otros involucrados. Y luego dentro de la comisión se destapó otro fraude tributario, que fue el caso GIFF, que involucraba casi a 4.900 contribuyentes que tenían comportamiento sospechoso y que la entonces directora metropolitana del Servicio, que declaró ante la comisión, denunció. (La directora) también entregó los antecedentes al exdirector Barrasa, quién no actuó a tiempo presentando ni una querella por delitos tributarios ni nada por el estilo. Entonces vemos que el actuar de la dirección del Servicio es demasiado lento y nos preguntamos ¿dónde está la responsabilidad también? Porque al final si tú tienes la información por parte de tus funcionarios que actuaron correctamente, respetando la ley y además con una recomendación clara, bloquee la emisión de factura electrónica, el director no hace nada, tiene que responder de alguna manera.

¿Espera que este tipo de medidas judiciales se realicen más adelante en otras instituciones públicas?

Yo espero que sí, y la invitación también a los otros diputados y diputadas es a que se atrevan. Es verdad que uno arriesga mucho (...) yo de profesión soy abogada y ejercía hasta antes de ingresar al parlamento y cuando lo deje pretendo seguir ejerciéndo, y quedé enfrentada con el Poder Judicial. Pero más allá de todo eso, nosotros tenemos el deber de hacer lo correcto y como Poder Legislativo tenemos que saber poner límites también. Hacer lo correcto no es fácil. Hacer lo correcto con el cálculo electoral en la mano, yo diría que es prácticamente imposible, pero es el deber que tenemos en los cargos de representación.

¿Qué otras medidas usted propondría para manejar estas situaciones de tráfico de influencia, pero también para restaurar la confianza en el Poder Judicial?

Creo que es necesario crear un órgano autónomo, el Consejo Judicial, lo que estamos proponiendo en la reforma constitucional, en la que participaron algunos diputados que me quisieron acompañar en esto, como el diputado (Jaime) Araya. La creación de un órgano constitucional que se llame Consejo Judicial, que tenga a cargo las medidas administrativas, sancionatorias, el nombramiento de jueces también, dentro de otras cosas, va a ayudar y va a colaborar en restaurar la confianza, porque hasta ahora vemos que funciona de manera muy endogámica el Poder Judicial.

Lo que nosotros estamos proponiendo es ir más allá, tener un Consejo Judicial para separar todo lo que tenga que ver con las investigaciones internas, las sanciones administrativas, todo eso de los jueces que conocen causas y tienen que fallarlas, que es lo que se llama la jurisdicción.

¿Por qué cree que esta propuesta no ha avanzado mucho? Considerando que ahora se han destapado varios casos de corrupción.

Por lo mismo por lo que no ha avanzado la querella, porque nadie sabe hasta dónde va a llegar esto y creo que hay mucho temor en la clase política de averiguar hasta dónde puede llegar.

¿Cómo espera que se resuelva o avance este proceso que usted comenzó?

Primero que dejen de “pelotear”, porque el Cuarto Juzgado se declaró incompetente, el Séptimo también, ahora lo está resolviendo la Corte de Apelaciones. Que la Corte resuelva rápido, que aplique el criterio que quieran aplicar, puede ser el que yo propuse, que tenía que ver con que estaba involucrado un ex ministro de Estado y por lo tanto, al ser La Moneda era el séptimo el competente, pero si ellos consideran que tiene que ser el lugar de incautación del teléfono de Hermosilla, está bien, pero que ya empiece a conocer esta causa un juzgado de garantía.

Si esto resulta en la manera en la que usted espera ¿tiene alguna expectativa de que se pueda realizar la medida del Consejo Judicial?

Si tengo mis expectativas al respecto. Igualmente han habido diputados que han defendido avanzar en una reforma al Poder Judicial y al parecer en la idea estamos todos de acuerdo. La pregunta no es si queremos reformar el Poder Judicial o no, la pregunta es cuándo, porque toca nombramiento de ministros y la pregunta es si el ministro de justicia (Luis Cordero) quiere estas reglas u otras.

¿Esperaría por parte de este gobierno una mejor respuesta a esta propuesta?

Por supuesto que sí, yo esperaría que los ministros nombren los nombres con otras reglas, no con las que han criticado.

¿Considera que la legislación actual es suficiente para manejar situaciones de tráfico de influencias?

Esto nos muestra un problema de fondo. Y el problema de fondo tiene que ver con el sistema de mecanismo de nombramiento de jueces y ministros. Yo presenté una reforma constitucional que descansa en la Cámara ¿Por qué? Porque a pesar de insistir mucho al presidente de la Comisión de Constitución, que la puso en tabla, todavía no se vota, no tiene una audiencia de parte del ministerio de justicia, está ahí, absolutamente parada. ¿Y por qué yo digo que este es el problema de fondo? Porque en la medida que haya más equilibrio en cómo se nombran los ministros y jueces, vamos a tener menor incidencia política o al menos equilibrio en los poderes del Estado que intervienen en el nombramiento.

Hoy día los ministros de la Corte Suprema se nombran por una tira del Senado y nombra el presidente, entonces obviamente eso es un poder muy grande para una persona y para el Senado es más acotado. No participa el Poder Judicial, no participa la Cámara de Diputados, no hay un nombramiento vía alta dirección pública, que es lo que yo estoy proponiendo a través de un Consejo Judicial que esté integrado por los tres poderes del Estado.