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Parlamentarios de Chile Vamos adelantaron su rechazo al veto presidencial ingresado el pasado viernes para modificar la Ley de Usurpaciones, texto que fue aprobado por el Congreso el 30 de agosto.

Las observaciones del Gobierno apuntan a cambiar lo que quedó consagrado respecto a la autotutela o legítima defensa privilegiada, la graduación de las penas y los instrumentos para concretar la restitución de los bienes.

Según consigna hoy La Tercera, aquella postura no cayó bien en la oposición, desde donde acusaron que la intención del Ejecutivo de separar las tomas violentas de las no violentas provocaría que sea difícil establecer condenas privativas de libertad.

En esa línea, los parlamentarios necesitan rechazar el veto presidencial con un quórum de 2/3 para reponer el texto original aprobado por el Legislativo. Además, el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma (UDI), tiene la facultad de recalificar el veto y eso reduciría la cantidad de votos requeridos.

El senador y presidente de Renovación Nacional (RN), Rodrigo Galilea, aseveró que "esto es un paso en falso del Gobierno ante una agenda de seguridad que nosotros entendíamos que íbamos a lograr sacarla de común acuerdo".

"En Chile Vamos nos empiezan a bajar las legítimas dudas de cuánto compromiso existe respecto de cerrar todas las llaves a las conductas indeseadas que afectan la seguridad de los chilenos", agregó.

Asimismo, el parlamentario indicó que "el Gobierno establece un tipo de usurpación que ellos llaman residual, aquella que no tiene violencia ni en las personas ni en las cosas. Hay un punto que queremos marcar que nos parece trascendental: no hay usurpaciones no violentas. Aunque no se aplique violencia material sobre una persona o cosa, la usurpación en sí ya es un acto violento".

"Ya no hay tan solo tomas urbanas, sino que esto se está pasando a lugares en la periferia. Está demostrado que son bandas organizadas que utilizan las tomas como un negocio y que se valen de la necesidad de otras personas para hacer estas usurpaciones. Creemos que el Gobierno no está resolviendo bien ese punto, y eso nos hace marcar una diferencia grande con el veto ingresado", zanjó.

Por su parte, el senador de Evópoli, Felipe Kast, sostuvo que "veníamos trabajando en varios proyectos de ley y claramente yo, por lo menos, de aquí en adelante, después de lo que ha hecho el Gobierno, no tengo ningún ánimo de sentarme con ellos en materia de seguridad, porque ya no les creo que les importa la seguridad. Tan simple como eso".

"Se acabaron las coordinaciones y reuniones de trabajo con el gobierno, porque lo que acaban de hacer es simplemente pasar por encima de un poder autónomo. Ahora vamos a actuar en Congreso con autonomía desde la Comisión de Seguridad", acotó.