Un tribunal del norte de China condenó este martes a pena de muerte al ex director general del gestor estatal de activos Huarong por el delito de aceptar sobornos.
El sentenciado, Bai Tianhui, aceptó sobornos por valor de más de 1.100 millones de yuanes (unos 154 millones de dólares), según una corte de la ciudad septentrional de Tianjin, citada por la agencia oficial Xinhua.
El tribunal enfatizó el "grave impacto social" que causó Bai, así como las "abultadas pérdidas" al Estado.
Huarong era uno de los cuatro "bancos malos" del país asiático, fundado en 1999 tras la crisis financiera asiática con el objetivo de purgar las insolvencias en el sistema bancario chino, aunque con la llegada de Lai Xiaomin a la presidencia del grupo (2012) se transformó en un consorcio financiero y comenzó a invertir en activos de alto riesgo, saliendo a bolsa en Hong Kong en 2015.
Lai fue detenido en 2018 y ejecutado en 2021 tras ser condenado por aceptar sobornos por el equivalente a unos 280 millones de dólares, entre otros cargos, en un proceso judicial que llegó a ser calificado por la prensa oficial como el "mayor caso de corrupción financiera" de la historia de China.
A finales de 2023, Huarong anunció un acuerdo para adquirir el 5 % de su máximo accionista, el también público banco de inversión Citic, por unos 1.746 millones de dólares.
Aquella operación supuso una devolución 'de facto' de parte del capital que Citic invirtió en el rescate público de Huarong, que cambió su nombre a China Citic Financial Asset Management para aprovechar la marca de su principal accionista.
Citic tomó la citada posición en el capital de Huarong después de que la participación del hasta entonces accionista mayoritario, el Ministerio de Finanzas de China, se diluyese desde el 57 % en el marco del plan de rescate aprobado por las autoridades para afrontar los graves problemas a los que se enfrentaba la compañía, con un pasivo de casi 240.000 millones de dólares a finales de 2021.
Tras su llegada al poder en 2012, el actual secretario general del PCCh y presidente de China, Xi Jinping, comenzó una campaña anticorrupción en la que varios altos cargos chinos han sido condenados por aceptar sobornos millonarios.
Si bien esta campaña, uno de los programas estrella de Xi, ha destapado importantes casos de corrupción en el seno del PCCh, algunos críticos han apuntado que también podría estar siendo utilizada para acabar con la carrera política de algunos de sus rivales o críticos.
China sancionó a 610.000 funcionarios por corrupción en 2023, según datos de la Comisión Central de Disciplina y Supervisión del Partido Comunista de China (PCCh), el brazo anticorrupción del partido gobernante.
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