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La Contraloría General de la República (CGR) ordenó un informe completo de las actividades realizadas en el marco de la gira desplegada en agosto por el Gobierno para dar a conocer el proyecto de la reforma de pensiones que impulsa en el Congreso.

Así las cosas, los alcaldes de Viña del Mar y Quillota, Macarena Ripamonti y Óscar Calderón, respetivamente, además de la ministra del Interior, Carolina Tohá, de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, y de Economía, Nicolás Grau, tendrán diez días hábiles para concretar el mandato el organismo.

La determinación responde a un oficio enviado por la bancada de diputados y diputadas de Renovación Nacional (RN) a comienzos de septiembre, quienes aseguraron que se estarían utilizando recursos fiscales para dar a conocer un proyecto de ley que aún no se ha aprobado, lo que sería inapropiado según afirman.

El jefe de bancada de RN, Frank Sauerbaum, sostuvo que "el Gobierno se ha desplegado por el país en lo que ellos han llamado encuentros ciudadanos por mejores pensiones y pacto fiscal para Chile. Eso está claramente prohibido por la ley en una norma que todavía no ha sido sancionada por el Congreso Nacional".

"Aquí hay una clara transgresión y una cierta desesperación del Gobierno para poder demostrar los beneficios de su proyecto que los ciudadanos no comparten, porque básicamente los chilenos quieren propiedad de sus fondos, posibilidades que sean heredables y posibilidades también de elegir entre sistemas privados y públicos", sumó.

Por su parte, el diputado Andrés Celis (RN) se refirió al despliegue que inició este miércoles en el norte del país la ministra del Trabajo y Previsión Social, Jeannette Jara, con el fin de exponer los beneficios y alcances de la reforma de pensiones.

En esa línea, criticó que se esté "haciendo uso de recursos públicos, gastando en propaganda política de decisiones que impulsa el Gobierno. Esto aún es un proyecto que está en el Congreso, aún no es Ley, ni siquiera se ha puesto en discusión".