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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó al Estado de Chile por las malas condiciones de detención de adolescentes y la muerte de diez de ellos en un incendio en el año 2007.

"El Estado, pese a la posición particular de especial garante que detentaba respecto a la población privada de libertad en el Centro 'Tiempo de Crecer' de Puerto Montt, no tomó las medidas necesarias para prevenir el incendio del 21 de octubre de 2007, ni tampoco actuó con la diligencia debida frente al desarrollo del incidente", concluyó la CorteIDH en la sentencia.

El Tribunal determinó que Chile es responsable por afectaciones a la integridad personal, a la vida y a la niñez.

Los hechos se remontan al 21 de octubre de 2007 en el marco de una protesta iniciada por los adolescentes detenidos en el Centro de Internación Provisoria 'Tiempo de Crecer', quienes alegaban malas condiciones de detención.

Durante la protesta se originó un incendio iniciado en un calentador a gas y el fuego se propagó debido a la presencia de objetos inflamables, sin que existieran medidas mínimas para enfrentar situaciones de este tipo.

La CorteIDH también declaró la responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos vinculadas a las condiciones de privación de libertad en las que permanecieron 271 jóvenes que, en diversos periodos entre el 12 de junio de 2006 y el 24 de enero de 2009, estuvieron alojados en los centros de internación provisoria y régimen cerrado Lihuén, Antuhué, San Bernardo y 'Tiempo de Crecer', que estaban a cargo del Servicio Nacional de Menores (SENAME).

Entre las violaciones señaladas por la CorteIDH en esos centros de detención se citan el hacinamiento, la falta de infraestructura adecuada, las malas condiciones higiénicas, la falta de segregación por edad y la situación procesal, el uso de celdas de castigo o aislamiento y problemas con los programas educativos.

El tribunal recordó que "los sistemas de responsabilidad penal adolescente deben ser especiales, distintos de los que rigen respecto a personas adultas" y que "no pueden ser estrictamente punitivos, deben considerar el interés superior del niño y priorizar medidas socioeducativas".

Los jueces señalaron que los menores de edad se encuentran en una situación particular de vulnerabilidad, por lo que "el Estado debe adoptar medidas especiales y garantizar sus derechos con mayor cuidado y responsabilidad".