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Diputados de Renovación Nacional (RN) presentaron un proyecto este viernes, el cual autorizaría a los alcaldes a instruir la demolición de "narco-casas" por motivos de seguridad pública, a propósito de las acciones de demolición que el jefe comunal de La Florida, Rodolfo Carter, ha realizado, confirmando previamente que para emprender tales acciones se basó en detalles que fueron entregados por la Fiscalía Oriente.

La polémica y el debate vino tras la acción del Ministerio Público al ordenar abrir un sumario administrativo para determinar irregularidades en la forma en que el jefe comunal recibió esta información en el marco de las demoliciones.

Es por ello que los diputados Hugo Rey, Diego Schalper, Andrés Longton, José Miguel Castro, Juan Carlos Beltrán, Jorge Durán, Andrés Celis, Marcia Raphael y Frank Sauerbaum, presentaron esta iniciativa.

Por medio de un comunicado, los parlamentarios afirmaron que "el mecanismo del alcalde Carter debe ser reconocido e institucionalizado, puesto que se aviene con el mandato constitucional de promover el bien común y agotar todas las instancias que el Estado de Derecho provee para aquello, al mismo tiempo que planteamos la necesidad de consagrar esta atribución de manera expresa para el problema del tráfico, consumo y conductas asociadas a sustancias ilícitas de manera de sortear eventuales impugnaciones de la medida por su legalidad".

Con esta modificación a la ley 20.000, los alcaldes podrán realizar las siguientes acciones; poder instruir la demolición de obras y edificaciones consideradas un peligro para la seguridad comunal por conductas relacionadas al tráfico de drogas, demoler edificaciones emplazadas en bienes inmuebles que hayan sido previamente incautados o decomisados y ser informados mensualmente por el Ministerio Público sobre inmuebles afectos a estas medidas para proceder.

El procedimiento utilizado para realizar la demolición será el idéntico que se consagra en la Ley General de Urbanismo y Construcciones, pero modificando la notificación por avisos colocando un escrito en el inmueble y suprimiendo la impugnación judicial, ya que previamente se habría decomisado el inmueble, lo que haría más expedito el trámite.