El Parlamento español aprobó leyes sobre el aborto y la autodeterminación de género que permiten a menores desde los 16 años interrumpir el embarazo sin necesidad de autorización paterna o cambiar de sexo sin la obligatoriedad de informes médicos o psicológicos.
Ambas leyes salieron adelante tras superar discrepancias internas en el Gobierno de coalición de izquierda y frente al rechazo de la oposición de derechas, aunque con parte del movimiento feminista en contra en el caso del cambio de sexo.
La nueva ley del aborto acaba con el consentimiento paterno para las menores de 16 y 17 años, pues la mayoría de edad es a los 18 en España, un requisito de había introducido en 2015 el Gobierno del conservador Partido Popular, ahora principal grupo de oposición.
En España se puede abortar libremente durante las primeras 14 semanas de gestación, excepcionalmente hasta la 22 cuando exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada o riesgo de graves anomalías para el feto y después solo por anomalías fetales incompatibles con la vida o una enfermedad extremadamente grave e incurable.
La nueva norma elimina también la obligación de informar a la mujer sobre ayudas a la maternidad y el plazo de reflexión de tres días antes de abortar.
Además, la conocida como ley trans salió adelante tras superar discrepancias entre los socios de Gobierno, el partido socialista PSOE y la formación de izquierda Unidas Podemos.
La nueva ley reconoce la voluntad de la persona a partir de los 16 años como único requisito para cambiar de sexo en el registro civil, al eliminar la hormonación obligatoria y las evaluaciones psicológicas y médicas como requisitos.
Los menores de entre 16 y 14 años podrán cambiar su sexo en el registro siempre que acudan con sus padres o tutores legales, mientras que entre los 12 y 14 años necesitarán autorización judicial.
Además, por primera vez se reconoce a las mujeres el derecho a una baja laboral por una menstruación dolorosa e incapacitante.
La reforma considera la salud menstrual como un derecho y como parte del derecho a la salud.
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