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El Tribunal Superior de Londres dejó este lunes en libertad bajo fianza al fundador de Wikileaks, Julian Assange, quien pasó más de cinco años encarcelado en una prisión de máxima seguridad en virtud de una orden de arresto emitida desde Estados Unidos por difusión de documentos secretos.

"Julian Assange está libre. Ha abandonado la prisión de máxima seguridad de Belmarsh en la mañana del 24 de junio, tras haber pasado allí 1.901 días. El Tribunal Superior de Londres le ha concedido la libertad bajo fianza y ha sido puesto en libertad en el aeropuerto de Stansted por la tarde, donde embarcó en un avión y ha partido de Reino Unido", reza un comunicado de Wikileaks publicado en su cuenta de la red social X.

Poco antes, medios estadounidenses informaron de que, según un documento judicial, Assange y el Departamento de Justicia estadounidense habían llegado a un acuerdo para que el fundador de Wikileaks se declarase culpable a cambio de una sentencia de 62 meses de prisión, que equivale al tiempo que ha pasado encarcelado en Reino Unido, quedando en libertad.

ACUERDO CON ESTADOS UNIDOS

El fundador de Wikileaks, Julian Assange, llegó a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos para declararse culpable de difusión de documentos secretos a cambio de una sentencia de 62 meses de prisión, que equivale al tiempo que ha pasado encarcelado en Reino Unido, por lo que quedaría en libertad.

Este acuerdo fue revelado en un documento judicial presentado este lunes ante el Tribunal de Distrito de Estados Unidos para las Islas Marianas del Norte, según publicó la cadena de televisión estadounidense NBC News.

Assange fue detenido por las autoridades británicas el 11 de abril de 2019, después de abandonar la Embajada de Ecuador en Londres, donde permaneció refugiado durante casi siete años.

Desde entonces, estuvo en una prisión de máxima seguridad, en virtud de una orden de arresto emitida desde Estados Unidos.

A finales de mayo, el Tribunal Superior de Londres falló en favor del fundador de Wikileaks, para permitirle apelar contra su orden de extradición al país norteamericano, donde se temía que se enfrentase a una batería de cargos que pueden implicar hasta 175 años de cárcel.

El periodista ha defendido en todo momento que las informaciones reveladas en 2010 sirvieron para dar a conocer crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos.