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Chile fue el país pionero en Latinoamérica en promulgar una ley sobre la protección de la vida privada en 1999. Sin embargo, varias voces expertas advierten que con los avances tecnológicos, la digitalización y el procesamiento de datos a gran escala, esta legislación ha quedado significativamente rezagada.

El escenario anterior se ve agudizado, ya que la ley de protección de datos personales lleva siete años en tramitación y se encuentra paralizada en su fase final, faltando solo una sesión de la comisión mixta para poder ser despachado.

En conversación con Mirna Schindler en Radio Usach, la abogada y máster en Derecho en Nuevas Tecnologías, Rosario Letelier, comentó que “actualmente no tenemos ningún resguardo para el tratamiento de nuestros datos personales, lo único que lo regula es un consentimiento, por eso es tan importante avanzar”.

“La ley actual tiene enormes defectos orgánicos de aplicación y de cumplimiento para que efectivamente las personas podamos hacer efectivos nuestros derechos. Por eso el 2018, se consagró el derecho a datos personales como un derecho fundamental en la Constitución chilena”, agregó.

E instó al avance de la nueva normativa. “Hace siete años se viene tramitando este proyecto de ley que entrega mayor protección y crea una agencia nacional de datos personales, que será una institución especializada y autónoma que se haría cargo de estos temas”, precisó.

En cuanto a cómo podría operar en la práctica esta nueva regulación, la abogada señaló que “Esta agencia podría hacer cumplir a una institución pública que borre algunos datos que están desactualizados, o que no corresponden a la persona señalada, por ejemplo”.

Añadió además, que niños y adolescentes se hacen necesarios de considerar en este proyecto de ley, ya que “tampoco tienen un resguardo expreso del uso de estos datos para menores de edad”.

En el apartado de la situación financiera, la experta hace un punto.  “Los datos financieros tienen regulaciones sectoriales específicas, y lo que se quiere es decretar una excepción del secreto bancario para algunas entidades. Los bancos, por ejemplo y las empresas reguladas, por temas sensibles como una deuda en DICOM, por ejemplo”, advirtió.

Al finalizar, la experta se refirió a los nuevos desafíos que impone la incorporación de la inteligencia artificial en estas materias. “Lo que busca el proyecto de ley es regular la inteligencia artificial en decisiones automatizadas que requieren de consentimiento expreso y más formal, y en la regulación sobre datos biométricos como usar el iris en el registro civil, por ejemplo. En Chile no hay ninguna regulación sobre el uso de datos biométricos, por eso este proyecto es base para la actualización de las futuras regulaciones”, concluyó.