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El jefe de ONU Derechos Humanos en América del Sur, Jan Jarab, se refirió a la ley Naín-Retamal que propone reforzar las atribuciones de las policías al elevar las sanciones a quienes atenten contra ellos.

Este proyecto ha sido polémico por establecer en uno de sus artículos la legitima defensa privilegiada para los funcionarios policiales que utilicen su arma de servicio.

Diversos parlamentarios se han mostrado en contra de esta iniciativa y desde el Instituto de Derechos Humanos sostuvieron que la medida "podría, en la práctica, favorecer la impunidad de las policías y dificultar que la investigación se realice con los estándares mínimos del debido proceso” y que “contiene disposiciones que constituyen retrocesos en estándares de derechos humanos".

Además, cuando esta ley fue despachada desde la Cámara Baja, el Gobierno lamentó "que un proyecto con tal impacto en los derechos humanos se tramitara de forma acelerada en la Cámara de Diputados".

En ese contexto, el representante de la ONU señaló que la ley Naín-Retamal "no se ajustan al derecho internacional de los derechos humanos".

"La seguridad es un derecho humano que el Estado debe garantizar, y para ello la labor de las policías es fundamental. Pero el objetivo legítimo de fortalecer el combate al crimen no puede abrir espacios a nuevas violaciones de derechos humanos o a la impunidad", agregó.

Respecto a la legitima defensa privilegiada, comentó que "en lugar de dotar a las policías de herramientas más eficaces para su función, la propuesta reduce la rendición de cuentas, obstaculizando el acceso a la justicia para las víctimas de eventuales abusos y favoreciendo la impunidad".

Asimismo, recalcó que este punto "es especialmente problemático en el contexto de protestas, donde el uso de armas letales es altamente riesgoso".