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En enero de 2024, el Senado de nuestro país aprobó el Acuerdo sobre la Conservación y Uso Sostenible de la Biodiversidad Marina más allá de las jurisdicciones nacionales. El pacto “confirma la vocación oceánica que ha tenido nuestro país”, comentó en su momento el canciller Alberto Van Klaveren.

En concreto, el acuerdo apunta a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina en aquellas zonas que se encuentran fuera de la jurisdicción nacional.

Para saber más detalles del tratado, Mirna Schindler conversó en Sin Pretexto con Felipe Perillán, abogado de incidencia pública de la ONG FIMA. “Lo que pretende regularse a través de este acuerdo, conocido como BBNJ por sus siglas en inglés, es generar una gobernanza a la gestión de la biodiversidad en alta mar, en aguas internacionales. Esto se da en el marco de la Convención por el Derecho al Mar y específicamente apunta a mejorar la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad marina en áreas que se encuentran justamente fuera de la jurisdicción nacional”, detalló el especialista.

En términos de los beneficios que facilita este acuerdo, a nivel institucional ayudaría a fortalecer la fiscalización en las zonas protegidas de la jurisdicción de cada país, lo cual es crucial para la preservación de los ecosistemas.

Respecto a lo anterior, Perillán agregó que “la seguridad alimentaria también es un tema relevante que cruza este tratado. Los impactos que se generen en alta mar pueden tener un impacto en los ecosistemas marinos que forman parte de nuestro día a día. A nivel de peces por ejemplo, lo que consumimos y que provenga del mar, si es que está contaminado, puede llegar a afectar a las personas que habitamos y tenemos relación con estos ecosistemas”.

Sobre las actividades ilícitas en mares internacionales, el especialista advierte que “los países por sí solo no tienen un mayor control de lo que pueda ocurrir en alta mar, en aguas internacionales. Cuando este tratado entre en vigencia se podrá abordar la coordinación de los países en regular estas malas prácticas y poder determinar las actividades permitidas y prohibidas, las prioridades. Siempre es complejo el control en alta mar, pero esto facilitará la coordinación”.

A la fecha solo 8 países han ratificado el tratado, incluyendo a Chile, y se necesitan 60 de aquí a julio del próximo año, Perillán explica. “Efectivamente se establece la necesidad de 60 Estados que hayan ratificado el tratado para que entre en vigencia. Luego del evento ese número de países que han ratificado se elevó a 13. Sin embargo, este es un proceso de firma y ratificación que se estableció en plazo para ese mecanismo y luego viene el proceso de adhesión. Es decir no es que el tratado se caiga, seguirá en vigencia de todas formas”, señaló.

Finalmente, el abogado de ONG FIMA puso el acento en dos puntos. “Lo primero son las oportunidades y beneficios para la ciudadanía. La contaminación de los alimentos que provienen de alta mar podrían ser controlados de mejor forma. Por otro lado, la biodiversidad marina es relevante para la mitigación del cambio climático, lo que significa en la práctica es controlar y disminuir la cantidad de residuos en aguas internacionales, por ejemplo”, sostuvo.