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La crisis de seguridad que se ha agudizado en estos últimos años ha traído consecuencias no sólo para el común de la población, sino que también ha golpeado fuertemente a la red sanitaria.

Según datos del Ministerio de Salud (Minsal) entregados a El Mercurio por Ley de Transparencia, en 2023 hubo 7.184 agresiones registradas a funcionarios de los servicios del país.

Un fuerte incremento si se compara con 2022, cuando fueron 6.156. De hecho, las cifras de 2023 triplican el escenario de 2021, cuando se contabilizaron 2.343 casos, en una época marcada por los confinamientos por la pandemia.

Gabriela Flores, presidenta de la Confederación de Funcionarios de la Salud Municipalizada (Confusam), dice que “todos los días, en algún lugar del país, golpean a un trabajador, destruyen nuestras fuentes laborales, atacan los vehículos que transportan a los compañeros y usuarios, rompen los parabrisas, lunetas, nos roban los carros”.

Además acusa que a pesar de existir la Ley de Consultorio Seguro, esta “no se aplica como debe ser, porque Carabineros llega después de dos horas de que agreden a alguien”.

Por su parte Carlos Rojas, presidente de la Confusam Araucanía, afirma que han implementado medidas como el cierre de atención en la posta desde las 20.00 a las 17.00 horas.

Y cuando hay algún ataque o amenaza, también hay un operativo para suspender las rondas en la zona, impactando así la atención de pacientes.

“Hemos tenido situaciones donde los funcionarios han tenido que agacharse, tirarse al suelo cuando llegan a tener conflictos entre las comunidades mapuches y carabineros que se dan ahí mismo”, dice Rojas

Además relata que en las ambulancias “se ha trabajado y avanzado en, por lo menos, poner láminas de seguridad a los vidrios. Y también se quiere hacer después un blindaje”, asegura.

Una situación se vive en Alto Hospicio, Región de Tarapacá, donde han adoptado medidas especiales desde que se inició la ola migratoria, como uso de cascos y chalecos antibalas cuando deben ir a atender pacientes a tomas y lugares conflictivos.

“Es una falsa seguridad” dice Víctor Vega, jefe de los servicios de urgencia de las APS de la zona, porque “no determina que algo esté seguro, estamos normalizando algo anormal”, afirma.