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 Nueve hospitales públicos en construcción en distintas zonas del país están en riesgo de no terminarse, debido a que las constructoras a cargo de estas obras reclaman al Ministerio de Salud (Minsal) retrasos en millonarios pagos ligados a estos contratos.

Según dio a conocer el diario El Mercurio, se trata de montos pendientes por más de US$ 130 millones que se descomponen en dos grandes ítems, según señala el vicepresidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Alfredo Echavarría, quien abordó este tema que en la industria vienen advirtiendo desde hace varios meses.

“Unos US$80 millones a US$90 millones de ese monto reclamado están ligados a retrasos en las obras por hallazgos arqueológicos, problemas de permisos o de calidad de los proyectos de ingeniería, situaciones que deben ser compensadas, afirmó Echavarría.

El ministerio realizaría los pagos al terminar la construcción, algo en lo que las empresas no están de acuerdo.

“Hay una interpretación del Minsal de que estos pagos, cuando hay paralizaciones y estos problemas en las etapas iniciales, no se pueden ejecutar hasta el final. Cosa que es una interpretación errónea a nuestro juicio”, añadió.

Otra parte de la deuda, unos US$ 50 millones, está relacionada a compensaciones impagas por alzas en los precios de los materiales.

Echavarría explicó que en el caso de los hospitales del Minsal se aplica el decreto supremo 304 vigente desde marzo pasado, “pero al día de hoy no se ha cancelado ningún reajuste”.

“De estos nueve hospitales, hay siete licitados previo a la pandemia y al estallido de octubre de 2019. Entonces, son precios que las constructoras licitaron con esas condiciones que tenía el mercado. Tenían reajuste por IPC, pero las alzas de los materiales llegaron hasta el 40% que el Estado, en general, aceptó compensar en algo”, agregó.

También detalló que los hospitales que acusan problemas son Las Higueras, Queilén, Reposición Complejo Dr. Sótero del Río, Provincia Cordillera, Ancud, Regional de Ñuble, Marga Marga, Linares y el de Melipilla, los que tendrían avances en sus obras de entre el 60 y 95 por ciento. Entre todos suman 2.750 camas, unos 7.700 mil empleos y una inversión cercana a los US$ 1.320 millones.

Echavarría sostuvo que los montos pendientes para algunas empresas son una situación “insostenible” y reconoció que existe “un riesgo” de que no continúen las obras “si a esto no se le da urgencia para solucionarlo. Hay situaciones muy, muy en el límite”.

 Algunas empresas están financiando hasta 30% del valor del contrato algo que indicó que “son cifras imposibles de manejar, sobre todo con la situación de la restricción de la banca. Y aquí lo que primero que se afecta es la gente, ya que estos hospitales van a servir a más de cuatro millones de personas”.

“Lo que es más relevante es que el Ministerio de Salud no es una cartera que ejecute obras como su esencia principal, a diferencia del MOP o el Ministerio de Vivienda y Urbanismo", aseguró.

Echavarría espera que los dineros adeudados estén incluidos en el Presupuesto de la Nación 2024 y también están solicitando una nueva reunión con la ministra de Salud, Ximena Aguilera, para tratar el tema.

Consultado el Minsal sobre esta situación que acusa la CChC, respondió que “para dar continuidad a los contratos, se han implementado estrategias entre las instituciones gubernamentales involucradas, de acuerdo a las características de los diferentes proyectos”.