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Durante esta jornada se realizó la audiencia de formalización del excomandante en jefe del Ejército, general en retiro, Óscar Izurieta Ferrer, quien está siendo investigado por un presunto lavado de activos vinculados al llamado “milicogate”. 

Según el Ministerio Público, el exmilitar habría realizados supuestas maniobras para ocultar el origen de su patrimonio. En este sentido, el fiscal Marco Muñoz señaló que “existía un mecanismo metódico, a través del cual se usaban gastos reservados de forma indebida, entre ellos un concepto denominado 'apoyo a ex comandantes jefes del Ejército' y consistía básicamente en el pago de una mensualidad en dinero en efectivo que se entregaba por mano en un sobre cerrado". 

Bajo esa figura, Izurieta habría recibido entre 61 y 77 millones de pesos para el pago de cuotas de un crédito hipotecario de una propiedad que fue destinada “a arrendamiento durante todo el tiempo, (y que) por lo tanto fue generando utilidades que fueron incrementándose, llegando a una estimación total de cerca de 170 millones de pesos", explicó el fiscal. 

El persecutor aseveró que el lavado de activos se aplica en el uso de fondos reservados para adquirir el inmueble (y generar rentas) y en su declaración irregular en el sistema tributario para ocultar su origen. 

Recordemos que en 2022, en el marco de la investigación por millonarios desvíos de gastos reservados del Ejército, Óscar Izurieta, admitió ante la ministra en visita de la corte marcial, Romy Rutherford una serie de delitos, entre los que se encuentran el desvío de dineros para costear los requerimientos de la familia del ex dictador Augusto Pinochet Ugarte.

Originalmente, esos dineros estaban dirigidos a operaciones de inteligencia de la institución. Y según se consigna en la publicación, en un informe de 755 páginas, se describe el accionar del exmilitar en el caso que se le imputa.

En un documento al que accedió La Tercera,  incluye una declaración de Izurieta, en la que sostiene: “Admito haber usado recursos provenientes de gastos reservados para fines distintos de los permitidos por ley, según se lee del detalle del destino que se les dio a aquellos fondos recibidos por la Comandancia en Jefe durante los cuatro años en que el declarante fue comandante en jefe del Ejército”.